AC7892-2017
Radicación n.° 11001-02-03-000-2017-02830-00
Bogotá D. C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil diecisiete (2017).
Respecto de la demanda con que Carlos Arturo Álzate Bedoya pretende sustentar el recurso de revisión contra la sentencia de 9 de agosto de 2017, proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Buga, Sala Civil-Familia, del proceso ordinario de responsabilidad extracontractual de Albeiro Velásquez Cardona contra Transportes Argelia y Cairo S.A.S., Heberth Alberto Escobar Mesa y el recurrente, obsérvese que no se aviene a los requisitos formales consagrados por el legislador y desarrollados por la jurisprudencia de la Corte, en particular respecto de las siguientes exigencias:
1. De acuerdo con el precepto 357, numerales 1 y 2, en concordancia con el artículo 82, del Código General del Proceso, falta:
1.1. El número de identificación y el número de identificación tributaria (NIT), de todas las personas naturales y jurídicas, respectivamente, que fueron parte en el proceso cuestionado, con quienes debe seguirse el proceso de revisión (art. 82-2 CGP).
1.2. Las direcciones electrónicas donde las partes, sus representantes y apoderado, puedan recibir notificaciones (art. 82-10 del CGP).
2. Falta señalar el día en que quedó ejecutoriada la sentencia (art 357-3 del CGP).
3. También falta el aporte de la demanda y sus anexos en mensaje de datos o en medio electrónico, puesto que el disco anexado solo contiene la sentencia de primera y segunda instancia (art. 89, inciso 2º ídem).
4. Está sin cumplirse el requisito formal de la causal de revisión invocada, por falta de precisión en los hechos, pues se hizo una narración de «Hechos» generales, sin especificar los que puedan en realidad edificar dicha causa, como dispone el artículo 354, numeral 4º, del Código General del Proceso, que consagra como exigencia la expresión de la respectiva fuente de revisión «…y los hechos concretos que le sirven de fundamento», formalidad que exterioriza el carácter extraordinario y dispositivo del recurso.
Cumple recordar que la refutación por este sendero procesal, debe tener el sustento fáctico que sea relacionado con la causal esgrimida y que pueda tener aptitud para edificarla, cosa incumplida aquí, por lo siguiente:
4.1. Examinado el escrito introductorio de este medio de defensa (folios 316 y ss.), la parte recurrente dijo basarse en la causal establecida en el numeral 6 del artículo 355 del Código General del Proceso, que opera por «haber existido colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se dictó la sentencia, aunque no haya sido objeto de investigación penal, siempre que haya causado perjuicios al recurrente».
Para desarrollar el reparo narró, en resumen, que el 25 de marzo de 2009, en un accidente de tránsito en Cartago resultó lesionado Albeiro Velázquez Cardona, donde fue involucrado el taxi de placas VLH 064, afiliado a Transportes Argelia y Cairo S.A.S., conducido por Hebert Alberto Escobar Mesa, de propiedad del recurrente.
Por eso el afectado promovió proceso contra el último y los otros citados, tramitado en el Juzgado Primero Civil Circuito de Cartago, en que el recurrente llamó en garantía a Seguros Colpatria S.A., por una póliza de responsabilidad vigente de 22 de junio de 2008 a 22 de junio de 2009, por 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv), dentro de los límites y valores asegurados. Se fundó en que Colpatria, mediante escrito de 15 de octubre de 2008, de GRS Asociados Asesores en Seguros, certificó que la póliza de responsabilidad civil se encontraba vigente en las fechas citadas, donde figura como beneficiario el recurrente y amparado ese vehículo.
El proceso culminó con la sentencia recurrida, que resolvió la apelación propuesta por los demandados, en que se declaró al recurrente civilmente responsable de los perjuicios patrimoniales en su modalidad de daño moral y daño a la vida de relación, entre otros, causados a Albeiro Velásquez Cardona.
Manifestó que su apoderado en ese proceso también representó a las empresas Transportes Argelia y Cairo S.A.S., Transportes Mariscal Robledo S.A., que actualmente tienen el nombre de Transportadora Cartago S.A.S., pero que al tener intereses opuestos los demandados, ese profesional no podía ser apoderado de todos ellos.
Adujo que la certificación de vigencia de la póliza antes referida «resultó ser espuria pues la instancia estimó que no había cobertura... por cuanto no se había cancelado el valor de la misma...», es decir, no estaba vigente, y por eso el Tribunal desestimó el llamamiento en garantía. Así, con base en el recibo de pago de 12 de septiembre de 2008, del representante legal de la Transportadora Mariscal Robledo S.A., para la póliza de responsabilidad civil del vehículo citado, el recurrente estaba convencido de poder tener un seguro a su favor por «los eventos y hechos de tránsito que se pudieran generar con ese automotor».
Expresó que el recibo de pago y la certificación, citados, fueron allegados al proceso por el abogado aludido. Existía otra póliza de Seguros del Estado que cubría 100 salarios mínimos, pero no fue usada, por lo cual no se pudo llamar en garantía a dicho asegurador, y él resultó condenado a cubrir los perjuicios. Agregó que por esos «hechos colusivos (sic) le han generado... perjuicios como los de haber sido fulminado a pagar» unos altos montos dinerarios.
4.2. Puede verse en lo resumido que el recurrente no expuso hechos concretos relativos a la causal de revisión invocada, porque de su relato no emana una situación que en realidad pueda tener aptitud para edificar potencialmente una eventual colusión o maniobra fraudulenta de las partes, puesto que el escrito introductorio solo contiene una narración general de los sucesos que originaron el proceso y parte de lo ocurrido en el mismo, así como las vicisitudes de vigencia de la póliza que sirvió de base al llamamiento en garantía, otra que no pudo emplear para los mismos fines, y que si hubiera podido ejercer con éxito ese llamamiento, no le tocaría pagar los perjuicios por los que fue condenado.
Con todo, no mostró en concreto cuáles fueron las maniobras colusorias o fraudulentas de las partes, vale decir, un pacto o acuerdo ilícito de las otras partes procesales que le hubiese causado perjuicios a él.
4.3. El recurrente sólo anotó que su apoderado judicial no debió representarlo por cuanto también era el abogado de la transportadora codemandada, y de la otra empresa a la que sí estaba afiliado el vehículo con que se causó el accidente, y así tenía intereses opuestos o contradictorios; que tanto el recibo de pago de la póliza que sirvió de base al llamamiento en garantía como la certificación de vigencia de la misma, ambos allegados por dicho profesional, no sirvieron porque al final se determinó que el contrato de seguro no estaba vigente por falta de pago; tras lo cual manifestó que esos «hechos colusivos (sic)» le generaron perjuicios en los montos por los que fue condenado a pagar.
Afirmaciones que en verdad no muestran los «hechos concretos» que, según el precepto 357-4 del Código General del Proceso, puedan edificar la causal de revisión implorada, pues no vislumbra que la circunstancia de haber actuado un abogado como apoderado de todos los demandados, y de hallar problemas la vigencia de la póliza del llamamiento en garantía, obedezcan a las referidas maniobras. Tal carencia es opuesta a los presupuestos que esta Corporación ha decantado en torno a la potencial estructuración de la causal de revisión establecida en el numeral 6 del artículo 355 del Código General del Proceso, para cuyo efecto deben concurrir los siguientes componentes: «a) que exista colusión de las partes o maniobras fraudulentas de una sola de ellas, con entidad suficiente para determinar el pronunciamiento de una sentencia inicua; b) que se le haya causado un perjuicio a un tercero o a la parte recurrente; y, c) que tales circunstancias no hayan podido alegarse en el proceso.» (SC de 30 de oct. 2007, Rad. 2005-00791-00; reiterada en SC8712-2017, Rad. n° 11001-02-03-000-2013-02995-00).
Más parece que el recurrente pretende obtener un reexamen de la actuación, así como otra oportunidad para obtener los documentos en pos de formular el llamamiento en garantía, pero al final las situaciones no se asimilan a presuntos hechos externos al proceso fraguados en perjuicio del recurrente, que dejen ver la posible configuración de una colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes, falta que impide tramitar el recurso extraordinario.
5. Por consiguiente, mal puede abrirse este excepcional remedio procesal con apoyo en unos hechos que ciertamente no tienen suficiencia para concretar las causales correspondientes, conforme al artículo 357, numeral 4, del Código General del Proceso, justamente porque el precepto 358 ibidem, no permite el trámite de la demanda «cuando no reúna los requisitos formales exigidos en el artículo anterior...».
Es que si el derecho a impugnar las providencias judiciales tiene unos requerimientos de forma, estos son más exigentes en recursos extraordinarios, previstos de manera limitada contra sentencias y por determinadas causales, que por eso necesitan de una demanda tendiente a desvirtuar la presunción de acierto y legalidad de decisión semejante, sin olvidar que en el de revisión es para cuestionar una que esté ejecutoriada (art. 354 id.) y que ha hecho tránsito a cosa juzgada.
La esencia de este medio de refutación radica en sus características de dispositivo y extraordinario, que por tanto sólo procede para casos excepcionales, a diferencia de los otros mecanismos de defensa procesal, sin que la Corte pueda enmendar o complementar la demanda, razón por la cual los hechos concretos que sirven de fundamento al recurrente para aducir una causal de revisión deben ser puestos de presente en el libelo para hacer evidente su concordancia con ella. Por eso se ha repetido que
...desde un comienzo debe el recurrente justificar por qué considera fundada la causal de revisión que alega. Desde luego que, en ese contexto, el recurrente tiene ‘una carga argumentativa cualificada, consistente en formular una acusación precisa con base en enunciados fácticos que guarden completa simetría con la causal de revisión que se invoca, al punto que pueda entenderse que la demostración de esos supuestos, en principio, haría venturoso el ataque. Dicho de otro modo, corresponde al recurrente explicar por qué considera que la sentencia debe revisarse y, para ello, ha de hacer una presentación que permita establecer, desde un comienzo, que existen motivos idóneos que justifican el inicio de este trámite, destinado, como se sabe, a impedir la solidificación definitiva de la cosa juzgada. De ahí que si el recurrente no expresa la causal de revisión que pretende hacer valer, o no pone de presente los hechos que la configurarían, la demanda no puede servir de percutor para la actividad de la Corte; igual sucede, cuando se advierte que los hechos que expone el impugnador no tienen idoneidad para configurar la causal de revisión que se alega, caso en el cual la demanda tampoco tiene vocación para ser admitida, no sólo por el incumplimiento de un perentorio requisito legal, sino porque si en gracia de discusión se tolerara esa deficiencia, tendría que adelantarse una actuación judicial que, a buen seguro, ningún resultado arrojaría, máxime si se tiene en cuenta que por la dispositividad del recurso y por la importancia que para el ordenamiento tiene el principio de la seguridad jurídica, el juez de la revisión no puede hacer pronunciamientos oficiosos, ni salirse del preciso marco de referencia planteado por el censor (CSJ, ARC de 2 de diciembre de 2009, rad. 2009-01923, transcrito en providencias posteriores como en proveído del 27 de agosto de 2012, rad. 11001-0203-000-2012-01285-00).
6. Se arrimarán copias del memorial con que se pretenda dar cumplimiento a las exigencias legales y de sus correspondientes anexos, para efectos de los traslados y reproducción de aquel para el archivo de la Corte (arts. 357 y 89 del C.G.P.).
Por manera que se inadmitirá el escrito introductorio para que se cumplan los anteriores requerimientos.
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, resuelve:
1. Inadmitir la demanda de revisión, a fin de que sean subsanados los defectos anteriormente anotados.
2. Conceder a la parte interesada el término legal de cinco (5) días para ello, so pena de rechazo.
3. Reconocer personería al abogado Andrés de Jesús Caro Daza, como apoderado judicial de la parte recurrente, según el memorial poder que obra en los folios 1 a 3 de este cuaderno.
Notifíquese.
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado Ponente